🧭 Del bolivarianismo al saqueo transnacional: la mutación del poder chavista.

🧭 Del bolivarianismo al saqueo transnacional: la mutación del poder chavista.

Introducción

La historia del chavismo no puede entenderse solo como una sucesión de liderazgos, sino como una mutación estructural del poder: de la diplomacia ideológica a la criminalidad organizada, del control estatal al saqueo transnacional. Nicolás Maduro, quien alguna vez fue el canciller encargado de exportar el castrochavismo con valijas diplomáticas y convenios energéticos, hoy comanda un régimen sostenido por más de 2,000 generales que administran sectores delictivos como si fueran ministerios paralelos. Esta transformación no solo ha devastado a Venezuela desde dentro, sino que ha proyectado sus redes hacia Colombia, Perú, Ecuador y Centroamérica, exportando crimen, migración forzada y captura institucional.

Lo que comenzó como un proyecto bolivariano terminó convertido en una maquinaria de saqueo transnacional, blindada por uniformes, protegida por pactos de silencio y lubricada por el petróleo. Esta columna propone una lectura crítica y documentada de esa mutación, anticipando además los escenarios de fragmentación, ocupación funcional y reconfiguración criminal que podrían emerger tras la eventual caída del régimen.

 

I. Chávez y la diplomacia ideológica

Durante el régimen de Hugo Chávez, el poder se articulaba en torno a una diplomacia de influencia regional, donde el petróleo era la moneda de cambio y la ideología el vehículo de expansión. La estatal petrolera PDVSA funcionaba como caja negra del régimen, financiando proyectos en Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Argentina y Brasil, bajo el paraguas de la “cooperación energética” y la “solidaridad latinoamericana”.

Entre 2006 y 2013, Nicolás Maduro ocupó el cargo de Canciller, desde donde tejió una red de pactos bilaterales, convenios energéticos y alianzas ideológicas. Según Wikipedia, su gestión diplomática fue clave en la consolidación de lo que algunos analistas denominaron la Internacional Bolivariana, integrada por líderes como Evo Morales, Rafael Correa, Lula da Silva y Daniel Ortega.

Bajo su dirección, Venezuela firmó acuerdos de suministro petrolero con condiciones preferenciales, promovió organismos como ALBA y Petrocaribe, y financió campañas políticas en países aliados. Estos convenios, como se documenta en la entrada de Petrocaribe, permitieron que Venezuela se proyectara como potencia ideológica, mientras centralizaba el poder financiero en manos del Ejecutivo, sin trazabilidad institucional.

La narrativa oficial hablaba de integración y soberanía, pero en la práctica, el financiamiento se camuflaba como cooperación, mientras se consolidaban redes de influencia política y económica. Maduro, como Canciller, no solo representaba al Estado venezolano, sino que administraba la distribución estratégica de recursos, controlando valijas diplomáticas, fondos especiales y operadores logísticos. Su rol como operador clave del chavismo quedó evidenciado en múltiples reestructuraciones de PDVSA, como la que se reportó en Infobae y Alberto News, donde Maduro intervino directamente en la cúpula petrolera.

Esta etapa fundacional del chavismo no exportaba crimen, sino capital simbólico y recursos energéticos, con el objetivo de blindar gobiernos afines y debilitar oposiciones internas en países receptores. Fue una diplomacia ideológica con vocación continental, sostenida por petróleo, pactos y propaganda. La narrativa era bolivariana, el método diplomático, y el financiamiento se camuflaba como cooperación

 

II. Maduro hereda el poder real

Tras la muerte de Hugo Chávez en marzo de 2013, Nicolás Maduro no solo asumió la presidencia, sino que heredó el control efectivo del aparato financiero, logístico y diplomático del chavismo. Su ascenso no fue solo constitucional, sino patrimonial: ya como Vicepresidente Ejecutivo y Canciller, Maduro tenía acceso directo a los principales operadores del régimen, consolidando una red de poder que le permitió centralizar recursos, rutas y lealtades.

Entre sus aliados clave estaban Rafael Ramírez, entonces presidente de PDVSA y Ministro de Energía, quien manejaba la caja negra del chavismo; Hugo “el Pollo” Carvajal, jefe de inteligencia militar, acusado posteriormente de narcotráfico por EE.UU.; y Tareck El Aissami, operador logístico y financiero, vinculado a redes de contrabando, lavado de dinero y relaciones con Irán y Hezbollah. Todos ellos formaban parte de un entramado que Maduro conocía y coordinaba desde su rol diplomático y ejecutivo.

Según Infobae, Maduro intervino directamente en la reestructuración de PDVSA tras denuncias de corrupción, desplazando a figuras históricas del chavismo como Asdrúbal Chávez. También, como reportó Alberto News, destituyó al primo de Chávez, Ramiro Valdés, consolidando su control sobre la industria petrolera.

Este proceso marcó el inicio de una militarización progresiva del poder. Maduro comenzó a ascender masivamente a oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), otorgando rangos de generalato como mecanismo de cooptación y fidelización. En 2024 y 2025, más de 200 nuevos generales fueron promovidos, como documentó Costa del Sol FM y Infobae.

Así, el poder simbólico del chavismo —basado en la narrativa bolivariana y la diplomacia ideológica— se transformó en poder efectivo, sostenido por una arquitectura de control castrense. La FANB dejó de ser un instrumento de defensa nacional para convertirse en columna vertebral del régimen, administrando sectores económicos, rutas ilícitas y pactos de impunidad.

 

III. El régimen de los 2,000 generales

La estructura de poder en Venezuela ha mutado de una verticalidad ideológica a una horizontalidad criminal funcional. Según reportes recientes, el número de generales activos en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) supera los 2,000 oficiales, una cifra desproporcionada incluso en comparación con potencias militares como Estados Unidos. Esta inflación de rangos no responde a necesidades operativas, sino a una lógica de cooptación política y distribución del botín.

Cada general administra un sector ilícito específico: narcotráfico, contrabando de oro, tráfico de armas, lavado de dinero o trata de personas. Esta estructura ha sido documentada como parte del llamado Cartel de los Soles, una red criminal incrustada en la cúpula militar venezolana. Según Infobae, esta organización ha sido designada como grupo terrorista por EE.UU. y opera con respaldo institucional, controlando rutas internacionales de drogas y ejecutando operaciones de lavado de activos.

El análisis de LISA News describe al Cartel de los Soles como una confederación criminal, donde la FANB actúa como eje logístico y cada general como “franquiciado” de un sector delictivo. Esta lógica no responde a una jerarquía militar clásica, sino a un modelo de lealtades cruzadas, donde el ascenso y la permanencia en el poder dependen de la rentabilidad del territorio o red bajo control.

La entrada de Wikipedia detalla que el cartel tiene presencia en Venezuela, Colombia, Bolivia, México, Nicaragua y Cuba, y mantiene alianzas con grupos como las disidencias de las FARC, el ELN y carteles mexicanos. La FANB, lejos de ser un instrumento de defensa nacional, se ha transformado en el brazo operativo de una economía criminal transnacional, blindada por uniformes, protegida por el Estado y proyectada hacia toda la región.

Incluso mientras el oficialismo niega su existencia —como lo hizo Diosdado Cabello en declaraciones recientes recogidas por Aporrea—, la evidencia documental, judicial y periodística confirma que el Cartel de los Soles no es una narrativa imperialista, sino una realidad estructural del poder en Venezuela.

 

IV. Exportación del crimen y saqueo regional

La estructura criminal del chavismo no se limita al territorio venezolano. Desde mediados de la década de 2010, ha desplegado una estrategia de expansión regional, proyectándose hacia Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Centroamérica, mediante redes de contrabando, narcotráfico, minería ilegal y trata de personas. Esta expansión se camufla bajo la cobertura de la migración forzada, que ha desplazado a más de 7 millones de venezolanos, muchos de los cuales son instrumentalizados como logística humana para operaciones ilícitas.

En Cúcuta, ciudad fronteriza clave, se han documentado múltiples casos de lavado de dinero a través de casas de cambio, como reveló Pulzo, donde dos personas fueron capturadas por blanquear más de 50.000 millones de pesos colombianos, presuntamente vinculados a redes transnacionales. En Lima y Guayaquil, operan células financieras que canalizan dinero proveniente de extorsión, tráfico de oro y trata, como evidenció el caso de la banda criminal “Los Kilates” en Perú, dedicada a la exportación ilegal de lingotes de oro y al lavado de activos mediante empresas fachada, según Infobae y Exitosa Noticias.

Esta economía criminal circular permite sostener campañas políticas, comprar voluntades y expandir estructuras de captura institucional en países receptores. La diplomacia ideológica de Chávez —basada en el ALBA, Petrocaribe y la narrativa bolivariana— ha sido reemplazada por una diplomacia criminal bajo Maduro, donde los generales y operadores logísticos sustituyen a los embajadores como agentes de poder real. No representan al Estado, sino a una red de intereses ilícitos que se infiltra en sistemas financieros, partidos políticos y organismos de seguridad.

La exportación del crimen chavista no es una consecuencia colateral, sino una estrategia deliberada de supervivencia y expansión, que convierte a la región en un tablero de operaciones para una red criminal con fachada estatal.

 

V. Post-Maduro: balcanización y ocupación funcional

La eventual salida de Nicolás Maduro no augura una transición democrática ordenada, sino una descomposición del Cartel de los Soles, donde cada general buscará preservar su feudo criminal. Esta fragmentación territorial —la balcanización de Venezuela— se proyecta sobre zonas estratégicas como Zulia, Bolívar, Amazonas y Apure, que podrían quedar bajo control de grupos armados, carteles transnacionales o poderes locales con capacidad de fuego y redes ilícitas.

Mientras tanto, los campos petroleros serían asegurados por Chevron y operadores estadounidenses, bajo un modelo de administración semidirecta. Según El Economista, la licencia de Chevron se convirtió en una carta de negociación geopolítica, y su revocación por parte de Donald Trump en 2025 puso en riesgo la recuperación económica del país. La petrolera estadounidense representa no solo una fuente de divisas, sino un actor estratégico que podría operar con autonomía técnica y respaldo militar, en caso de colapso estatal.

El análisis de El Nacional advierte que la salida de Chevron y otras empresas como Halliburton y Schlumberger dejaría a PDVSA sin capacidad operativa, abriendo la puerta a una intervención funcional para proteger infraestructura energética. Esta lógica ya fue aplicada en Haití, Panamá y República Dominicana, donde EE.UU. tomó control de aduanas, puertos y enclaves estratégicos, dejando vastas regiones en estado de anomia institucional.

En Venezuela, esta ocupación energética selectiva implicaría que el subsuelo quede bajo tutela corporativa y geopolítica, mientras el resto del país se fragmenta en enclaves criminales, zonas sin ley y territorios disputados. El régimen chavista, al haber militarizado el aparato estatal, deja como herencia una confederación de poderes armados sin cohesión nacional, donde la reconstrucción democrática será vulnerable a sabotaje, extorsión y captura.

Como reporta Diario Las Américas, el régimen afirma tener un “plan secreto” tras el cese de Chevron, pero los analistas coinciden en que sin soporte técnico y financiero externo, la industria petrolera venezolana colapsaría, obligando a una intervención parcial para evitar que los campos caigan en manos de actores no estatales.

 

🧭 Ocupación funcional: precedentes en Haití, Panamá y República Dominicana

La lógica de ocupación funcional, donde Estados Unidos asegura enclaves estratégicos —puertos, aduanas, zonas energéticas— mientras deja el resto del territorio en estado de anomia institucional, no es nueva. Ha sido aplicada en distintos momentos del siglo XX y XXI en países del Caribe y Centroamérica, bajo pretextos de estabilización, lucha contra el narcotráfico o protección de intereses geopolíticos.

🇭🇹 Haití – Control aduanero y portuario

En 1905, EE.UU. impuso un acuerdo que le otorgaba control sobre las aduanas haitianas para garantizar el pago de la deuda externa. Posteriormente, entre 1915 y 1934, se produjo una ocupación militar directa, donde los marines tomaron el control de puertos, bancos y oficinas fiscales, mientras el resto del país quedaba bajo administración indirecta y represión rural. Esta lógica se repitió en las intervenciones de 1994 y 2004, donde las fuerzas internacionales priorizaron la seguridad de infraestructura crítica, dejando vastas regiones sin presencia estatal efectiva. Wikipedia – Ocupación estadounidense de Haití

🇩🇴 República Dominicana – Intervención y control económico

Entre 1916 y 1924, EE.UU. ocupó militarmente República Dominicana, tomando el control de las aduanas, el Banco Nacional y la infraestructura portuaria. El objetivo era garantizar el pago de la deuda externa y proteger intereses comerciales. Mientras tanto, el resto del país quedó bajo administración indirecta, con represión de movimientos campesinos y fragmentación territorial. Wikipedia – Ocupación estadounidense de República Dominicana

🇵🇦 Panamá – Canal y zonas de seguridad

Desde 1903 hasta 1999, EE.UU. controló el Canal de Panamá y su zona adyacente, bajo el Tratado Hay-Bunau Varilla. Esta franja fue administrada como territorio estadounidense, con presencia militar, aduanera y logística, mientras el resto del país operaba con autonomía limitada. La invasión de 1989 (Operación Causa Justa) también priorizó la toma de aeropuertos, puertos y centros de comando, sin intervención sostenida en zonas periféricas. Wikipedia – Invasión de Panamá

📌 Implicancia

Estos antecedentes revelan un patrón: EE.UU. no interviene para reconstruir Estados, sino para asegurar nodos estratégicos. En Haití, Panamá y República Dominicana, la ocupación funcional permitió controlar flujos económicos, rutas comerciales y enclaves energéticos, mientras vastas regiones quedaban en estado de abandono, violencia o informalidad.

En el caso venezolano, esta lógica podría replicarse tras la caída de Maduro: Chevron y operadores estadounidenses asegurarían los campos petroleros, mientras zonas como Zulia, Bolívar y Amazonas quedarían bajo disputa entre carteles, grupos armados y poderes locales. La ocupación funcional no busca gobernar, sino garantizar estabilidad energética y geopolítica, dejando la gobernanza territorial a su deriva.

 

🧭 Epílogo: del poder simbólico al saqueo transnacional

La mutación del chavismo revela una transición profunda y estructural: de valijas diplomáticas a rutas de lavado, de Maduro Canciller a Maduro Comandante, de internacional ideológica a red criminal transnacional. Lo que comenzó como un proyecto de integración bolivariana terminó convertido en una maquinaria de saqueo regional, blindada por uniformes, sostenida por petróleo y proyectada hacia enclaves financieros y fronteras vulnerables.

La eventual caída del régimen no será el fin del saqueo, sino el inicio de su redistribución territorial y funcional. Cada general, operador o aliado buscará preservar su feudo, migrar sus redes o negociar impunidad. La fragmentación del Estado venezolano —la balcanización— abrirá espacios para nuevas formas de ocupación funcional, donde actores externos asegurarán nodos estratégicos (como los campos petroleros), mientras vastas regiones quedarán en estado de anomia institucional.

En este escenario, la curaduría crítica será clave: para mapear actores, pactos y zonas de influencia; para consolidar trazabilidad documental; y para defender el acceso ciudadano a la verdad. La reconstrucción democrática no podrá hacerse sin memoria, sin archivo, sin genealogía del poder oculto. Y será tarea de periodistas, investigadores, defensores de derechos y curadores documentales revelar las capas del saqueo, las rutas del lavado y los pactos del silencio.

Sobre el autor: Iván Oré Chávez. PREMIO I Concurso de Investigación Jurídica de la Convención Nacional de Derecho Constitucional (CONADEC 2003). // Primer lugar del PREMIO de Investigación VII Taller "La Investigación Jurídica: un reto para la Universidad moderna" Facultad de Derecho y Ciencia Política UNMSM en categoría tesistas (2004). // Tercer lugar del II CONCURSO de artículos de investigación jurídica "La familia desde la perspectiva de los DDHH" organizado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la Comisión de Magistrados del Área de Familia del Año 2009, la Corte Superior de Justicia de Lima, y el Centro de Investigaciones Judiciales. // Miembro de la nómina de colaboradores de la REVISTA CRITICA DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS “Nómadas” de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología - Universidad Complutense de Madrid (UCM).// Premio del Concurso de Ponencias del I Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social (UNMSM, oct. 2025).